lunes, 12 de mayo de 2008

Horizonte político

José A. Crespo

Democracia partidista y autoridades electorales

Sabemos que en los partidos políticos en todo el mundo, aun los que viven en situaciones más o menos democráticas, hay fuertes tendencias a la imposición y el abuso en sus decisiones internas (como teorizó Robert Michels en su famosa “ley de hierro de la oligarquía”). Y, por eso mismo, nuestros partidos ven con recelo cualquier intervención externa en sus procesos internos. Pero resulta que los partidos son considerados entidades de interés general (pues son los canales de representación social en los órganos de gobierno), por lo que la normatividad en general los obliga a apegarse a procedimientos democráticos, tanto dentro como fuera del ámbito partidario. Y también por eso se les destina una buena cantidad de recursos públicos y existen normas extrapartidarias para proteger posibles abusos de las cúpulas sobre la militancia y dirimir trampas entre bandos. La queja de los partidos por la “injerencia” de las instancias externas sale sobrando, como la de Alejandro Encinas al comentar sobre el fallo del Tribunal Electoral con respecto a la elección del PRD: “Yo creo que se sienta un precedente lamentable, en donde se vulnera la autonomía y la independencia de nuestro partido” (7/V/08). Bueno, pues si el PRD quiere preservar por entero su autonomía e independencia, puede hacerlo renunciando al financiamiento público, producto del trabajo de los ciudadanos, los que votan por él y los que no.
PINCHALE ACA:
ABSTRAT:
Desafortunadamente, no siempre las autoridades electorales actúan con sensatez y eso ahora lo ejemplifica el Tribunal Electoral del DF, al avalar la asamblea del Partido Alternativa Social Demócrata (el nuevo partido Verde), donde porros contratados por Alberto Begné desalojaron a sus adversarios, con violencia comprobada (y videograbada por las cámaras del hotel sede). El Tribunal capitalino recurrió al inverosímil argumento de que los partidarios de Patricia Mercado pudieron haber regresado sin problema alguno, tras haber sido desalojados por la fuerza. Para esos magistrados no tiene nada de reprobable contratar a porros y reventar violentamente una asamblea partidaria: lo condenable es que los agredidos no hayan sido lo suficientemente machos (y hembras) para retomar el control de la asamblea (también a golpes y patadas, supongo). Y luego se extrañan por el desprestigio de las instituciones.
Muestrario: Y, para sorpresa de todos, la comisión legislativa para el “caso Mouriño” decidió… ¡exonerarlo! Algo absolutamente insólito en el país de la impunidad.

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